Por Rogério Tomaz Jr.*
El gobierno de Bolsonaro comenzó en enero de 2019, cuando las sospechas sobre el asesinato de Marielle Franco, ocurrido en marzo de 2018, llegaron a la familia del presidente. En una ciudad de 7 millones de habitantes se descubrió que uno de los autores del crimen, el miliciano y expolicía Ronnie Lessa, era un vecino precisamente de Jair Bolsonaro en el condominio privado Vivendas da Barra, en Barra da Tijuca, un barrio de lujo en el oeste de Río de Janeiro. Lessa fue arrestado en marzo de 2019, poco más de dos meses después de que Bolsonaro asumiera el cargo más importante del país.
Hemos llegado a junio de 2022 y el presidente brasileño carga en su espalda con un nuevo escándalo de corrupción y otro crimen. Ya había cerrado esta columna cuando, en la mañana de este miércoles (22), Brasil se enteró de la detención de Milton Ribeiro, exministro de Educación en el gobierno de Bolsonaro entre julio de 2020 y marzo pasado.
Ribeiro está acusado de dirigir un esquema de corrupción que involucraba a pastores evangélicos y municipalidades que recibían fondos del Ministerio de Educación. Hay un audio en el que el ministro dijo que su acción fue guiada directamente por Jair Bolsonaro y esto podría causarle serios problemas al gobierno a 100 días de las elecciones.
En el Senado, la oposición está a pocas firmas de poder crear una comisión parlamentaria para investigar el escándalo. Definitivamente, enfrentar a una CPI (comisión parlamentaria de investigación) a tres meses de las elecciones no estaba en los planes del gobierno.
Por su turno, el asesinato del indigenista Bruno Pereira y del periodista inglés Dom Phillips, en un rincón de la Amazonía brasileña en la región fronteriza con Perú y Colombia, conmocionó al mundo y dejó perpleja a gran parte de la población brasileña, por la postura del presidente en el episodio.
No es que la familia Bolsonaro tenga una relación directa o indirecta con el crimen, al menos por ahora. Sin embargo, las declaraciones del presidente sobre el caso revelan un desprecio por la vida humana que raya en la burla.
Jair dijo primero que el periodista y el empleado de la Fundación Nacional del Indio (Funai) se habían ido a “una aventura” en una región “peligrosa” y que debieron ser más prudentes con su propia seguridad. Por si fuera poco, el mandatario afirmó, días después, que el corresponsal del diario inglés The Guardian estaba “mal visto” en la zona porque había hecho muchos artículos sobre el garimpo (minería artesanal ilegal) y otras actividades locales que chocan con las leyes ambientales.
En ambas entrevistas, Bolsonaro no tuvo una sola palabra de preocupación, solidaridad o compromiso para encontrar a los dos desaparecidos. El tono, de hecho, era de indiferencia o de desdén. “Hay un parlamentario, de un partido político que no diré cuál, que me quiere demandar porque ya debería haber encontrado el cuerpo. No lo sé con seguridad, pero cada año desaparecen unas 60.000 personas en Brasil. Este parlamentario nunca se preocupó por estas desapariciones”, provocó el jefe de Estado, con su razonamiento torpe.
Proyecto político
Las consecuencias para la sociedad brasileña del ascenso de la extrema derecha organizada en torno al clan Bolsonaro, sin embargo, van mucho más allá de los episodios que protagonizan sus integrantes. Hay hoy en Brasil un proyecto político con impactos muy profundos en la cultura, el comportamiento, la administración pública, la religión, el deporte y otras áreas de la vida social.
Un caso emblemático ocurrió esta semana, cuando una jueza de Santa Catarina prohibió a una niña de 11 años, embarazada producto de una violación, interrumpir el embarazo. Joana Ribeiro Zimmer, jueza de la ciudad de Tijucas, a 20 km de Florianópolis, indujo a la niña a no abortar y le hizo preguntas que revelan dogmatismo religioso y, en este caso, un actuar que viola las leyes de protección infantil. El caso fue divulgado en una nota de The Intercept.
“¿Qué expectativas tienes para el bebé? ¿Quieres verlo nacer? ¿Tienes algún deseo especial de cumpleaños? Si tienes, solo pregunta. ¿Quieres elegir el nombre del bebé? ¿Crees que el padre del bebé estaría de acuerdo en darlo en adopción?”, fueron algunas de las preguntas de la jueza, quien se refirió al violador como “padre”.
Ha habido varios casos similares a éste en los últimos años en Brasil, pero sin gran repercusión en el momento en que ocurrieron. Esto es bolsonarismo en el Poder Judicial. Esto es Brasil quemado y con la piel en carne viva.
“La hora del remate”
La mayor empresa de energía eléctrica de América Latina – Eletrobras – dejó de pertenecer al Estado brasileño el 10 de junio. Privatizada, la empresa fundada en 1962, bajo el gobierno de João Goulart, pero concebida por Getúlio Vargas, en 1954, ahora tendrá como prioridad la generación de ganancias para sus accionistas, como viene haciendo Petrobras desde 2016, con la destitución ilegítima de la Presidenta Dilma Rousseff.
Petrobras – así como Correios – también está en los planes de privatización del gobierno de Bolsonaro y sus aliados en el Congreso, en especial el presidente de la Cámara, Arthur Lira. El diputado ha realizado varias manifestaciones que atienden a los intereses del mercado.
Aunque cree que no hay tiempo para una privatización completa, Lira ha defendido que el Gobierno puede vender parte de sus acciones en la empresa, dejando así de ser el accionista mayoritario. Para la oposición, esto sería un golpe sucio y hay que esperar a las elecciones presidenciales para que la población pueda elegir qué tipo de proyecto político quiere para el país: si opta por continuar con el salvaje neoliberalismo de Bolsonaro y Paulo Guedes, o si prefiere un retorno al Estado fuerte y destinado a la inversión, con Lula y el PT.
El clima de remate se ha apoderado del gobierno de Bolsonaro y sus aliados, que pretenden quitarle al control del Estado, lo más rápido posible, todo lo que es interesante y potencialmente rentable para el mercado.
Lula se mantiene firme en la delantera
Cinco sondeos, todos realizados en las últimas tres semanas, subrayan la posibilidad real de victoria del candidato del PT en la primera vuelta de la elección más importante de la historia brasileña. Así lo señalan XP/Ipespe, Quaest, FSB, Datafolha y PoderData.
En el más reciente (PoderData), divulgado este miércoles (22), Lula obtuvo el 44% de los votos, mientras que todos los opositores sumaron el 45%.
La verdad es que la gente ya sueña con el domingo 2 de octubre.
*Periodista brasileño, cursando actualmente la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Lleva más de 11 años trabajando en la Cámara de Diputados de Brasil. Twitter: @rogeriotomazjr
