Por Federico Montero y Pablo Macia.
Este domingo 10 de abril se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Francia en las que 48 millones de electores están habilitados para votar, en una campaña de baja intensidad que podría marcar una alta abstención, que incluso superaría el récord del año 2012, cuando un 28% de los electores no asistió a votar. El actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, lleva la delantera sobre Marine Le Pen según las encuestas, en lo que pareciera reproducir el escenario del 2017. Sin embargo, las condiciones son bien diferentes a las de hace 5 años por varios motivos. En primer lugar, Macron se vió desgastado por la gestión neoliberal que fue resistida por los estallidos de los chalecos amarillos; por los efectos de la pandemia; por el alza de precios producto de la guerra en Ucrania y últimamente, por los altos gastos del gobierno francés con consultoras estadounidenses como McKinsey.
En segundo lugar, la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, además de virar por un discurso donde aborda la problemática social, ya no es tan considerada como una amenaza en comparación con el candidato Eric Zemmour, que su ubica aún más a la derecha. En tercer lugar, la izquierda que estaba desdibujada parece volver a movilizarse en torno a la figura de Jean-Luc Mélenchon, quien viene creciendo alcanzando alrededor del 17% de los votos para la primera vuelta de este domingo. Así recuperó posiciones en rechazo las propuestas neoliberales de Macron como el aumento de la edad jubilatoria, recortes a los ingresos mínimos, el desprestigio a los profesores y la contratación de niños de 12 años bajo contratos de“aprendizaje”. Es en este contexto en el que se ha instalado la apatía frente a una posible reproducción desgastada del escenario del 2017 para la segunda vuelta.
Mientras tanto, el clima de desasosiego se profundizó esta semana con las impactantes imágenes del conflicto bélico en Ucrania, reflejadas por los medios en ciudades como Bucha o en Kramatorsk, provincia de Donetsk, en las que se han presentado denuncias cruzadas tanto de las autoridades ucranianas como de Rusia. En medio de las acusaciones cruzadas la Asamblea General de la ONU procedió a suspender este jueves la membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. De la región latinoamericana, votaron a favor de la resolución Argentina (que preside el Comité), Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. En contra, votaron: Bolivia, Cuba y Nicaragua y se abstuvieron Brasil, El Salvador y México, mientras que Venezuela no pudo votar porque debido al impago de sus cuotas no tiene derecho –manifestó la ONU en un comunicado. La breve resolución señala que la Asamblea General revisará su decisión “cuando sea apropiado”. Esta definición tiene un impacto simbólico más que práctico, y su importancia está dada en función del posicionamiento de cada país en cuanto a las sanciones y los intercambios comerciales con la Federación Rusa. En ese sentido, de los países del BRICS, Rusia y China votaron por la negativa mientras India, Brasil y Sudafrica se abstuvieron. De forma similar, (entre la negativa y la abstención) se expresaron países petroleros como los de la península arábiga, Irán e Irak, y países emergentes de Africa y Asia. De esta forma parece predominar más el realismo político de los países en los alineamientos geopolíticos sobre la coincidencia de valores convergentes.
En cuanto a América Latina, este domingo se implementará en México la iniciativa impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el plebiscito para la revocatoria o la confirmación del mandato presidencial, en el que están habilitadas 93 millones de personas para la elección. De esta forma, AMLO, quien cuenta con una alta imagen positiva por arriba del 60%, concreta este mecanismo institucional para fortalecer la figura presidencial en un país que no cuenta de reelección, de manera de atravesar con legitimidad en el último tramo de su mandato. La oposición limitada en su legitimidad y su convocatoria para impulsar la revocación del mandato, viene intentando deslegitimar el proceso llamando a la abstención y la desmovilización. En este sentido, el grado grado de participación será crucial para el análisis de la legitimidad de la convocatoria y de su resultado.
Por otro lado, en Perú continuó esta semana el clima de desestabilización política y social, iniciado durante la semana con hechos de violencia registrados en el marco de un paro de transportistas que precipitó el anuncio de estado de emergencia en Perú por parte del Presidente Pedro Castillo durante el martes. La medida fue levantada el mismo martes luego de que retornara la calma al país. Los transportistas venían escalando las medidas de fuerza con protestas y bloqueos durante las jornadas previas ante el aumento del precio de la gasolina, que a su vez se traslada al encarecimiento de la canasta básica familiar. El Ejecutivo también se comprometió a reducir en un 90 % un impuesto de consumo y llevar al Congreso la eliminación temporal del impuesto sobre las ventas de alimentos básicos, como arroz, durante tres meses. Desde los sindicatos también se movilizaron para exigir al Gobierno el aumento del salario mínimo y el cumplimiento de la Agenda 19, a fin de frenar el alza del costo de vida, entre otras demandas. Si bien el gobierno se muestra receptivo a las demandas populares, también debe lidiar con sectores de la oposición política y económica que se montan en las problemáticas reales para debilitar las transformaciones que intenta impulsar.
Por último, durante la semana, el Presidente Alberto Fernández mantuvo una serie de reuniones con el flamante presidente de Chile, Gabriel Boric, y con el de Bolivia, Luis Arce, para fortalecer la integración en la región. En su primera visita al exterior, el presidente Boric y una comitiva de buena parte de su gabinete participaron el lunes en reuniones junto a sus pares argentinos para la firma de convenios y memorandums que fomentan la cooperación en materia tecnológica, económica y de derechos humanos. De esta manera consolidaron los ejes estratégicos de la relación política, económica y comercial bilateral, y el rol de ambos países a nivel regional y en diferentes ámbitos multilaterales.
Por otro lado, el jueves arribó el Presidente de Bolivia Luis Arce para cerrar acuerdos sobre temas de interés bilateral como el suministro de gas natural, la cooperación en el área científico-técnica, la comercialización de litio y un proyecto de interconexión eléctrica entre Yaguacuá, Bolivia, y Tartagal, en la provincia argentina de Salta. De esta manera, Argentina afronta el desafío de que implica el aumento mundial de la energía, articulando un proceso de integración y complementación productiva con el país andino.
Además de esta medida del gobierno para contener los precios de la energía, el presidente dispuso un aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar que beneficiará a 4,1 millones de personas, apuntando a garantizar la alimentación de la población mas vulnerable. Al respecto, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), registró en marzo un aumento mundial del 12,6% en los precios de una canasta de productos básicos, con respecto al mes de febrero. En este aspecto, Argentina como productora de alimentos, necesita garantizar el abastecimiento a precios razonables en el mercado local que preserve nuestra soberanía alimentaria y contenga la espiral inflacionaria.
