Caída de expectativas económicas mundiales mientras China define sus nuevos lineamientos

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El FMI y el Banco Mundial realizaron su reunión anual en la que pronostican la desaceleración del crecimiento y una alta inflación. Este domingo arranca el XX Congreso Nacional del PC China con la expectativa de reforzar el liderazgo de Xi Jinping. Además continúan las acciones beligerantes en torno a la guerra en Ucrania con nuevos movimientos de tropas. En Colombia Petro avanza con su programa de transformaciones con la reforma tributaria y los procesos de paz.

Por Federico Montero y Pablo Macia

El FMI y el Banco Mundial pronostican desaceleración del crecimiento y alta inflación

Desde el lunes 10 de octubre hasta el domingo 16 se desarrollaron las Reuniones Anuales de 2022 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial (GBM) planteando un complejo escenario para la economía mundial. Así, de acuerdo a las últimas previsiones el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023, lo que implica un ajuste de un 0,2% inferior al pronóstico de julio. De esta manera las tres principales economías —Estados Unidos, China y la zona del euro— continuarán estancadas. Así, en 2023  Estados Unidos crecería al 1% debido al endurecimiento de su política monetaria, China al 4,4% frente al debilitamiento del sector inmobiliario y los confinamientos, mientras que la zona euro apenas un 0,5% a causa de la crisis energética. Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de COVID-19, este es el perfil de crecimiento más flojo desde 2001.

Pero a pesar de la desaceleración del crecimiento que en algunos casos alcanzará a la recesión, la inflación persistirá en niveles altos. De esta manera, el informe pronostica que la inflación mundial aumente de 4,7% en 2021 a 9,5 % en 2022, para luego descender a 6,5% en 2023 y 4,1% en 2024. Esto afectará al costo de vida de las poblaciones y se viene reflejando en los crecientes conflictos laborales que arreciaron en Francia con las huelgas de los trabajadores petroleros y de estaciones de servicio, que han generado escases en el el suministro de combustibles en algunas regiones. De la misma manera, los sindicatos portuarios y de transporte en el Reino Unido continúan impulsando reclamos por aumentos salariales en el marco de las turbulencias que precipitaron la renuncia del ministro de finanzas y el debilitamiento del gobierno de Liz Truss a causa del presupuesto presentado hace un par de semanas.

Los sectores sindicales reclaman una recomposición salarial de alrededor de un 10%, de manera de no perder poder adquisitivo de acuerdo a la inflación anual. Además denuncian la rentabilidad extraordinaria que han adquirido los sectores de la energía así como los de logística en el marco de la crisis de las cadenas de suministro provocadas por la pandemia y la guerra en Ucrania.

Volviendo al informe del FMI, destaca el riesgo de una apreciación del dólar frente a la turbulencia de los mercados financieros, lo que podría mantener las presiones inflacionarias. También cuestiona “estrechez excesiva de los mercados laborales” y las consecuencias de una escalada en el conflicto en Ucrania, que podría empeorar la crisis energética. En este aspecto advierte que el invierno de 2022 será difícil, pero es probable que el de 2023 sea peor.

Frente a este escenario oscuro el organismo propone mantener el curso de una política monetaria austera para restaurar la estabilidad de precios. A su vez, plantea que la política fiscal debe procurar aliviar las presiones sobre el costo de vida, manteniendo una orientación lo suficientemente restrictiva para que esté alineada con la política monetaria.

Por último, el informe propone avanzar hacia la reestructuración ordenada de la deuda a través del Marco Común del Grupo de los Veinte para los países más vulnerables, a los efectos de evitar una ola de crisis de deuda soberana.

Arranca el XX Congreso Nacional del PC China con la expectativa de reforzar el liderazgo de Xi Jinping

Desde el domingo 16 de octubre comenzará el XX Congreso Nacional de Partido Comunista de China, que adquiere un carácter histórico ante la posibilidad de erigir a Xi Jinping hacia un tercer mandato en la conducción del Partido y en la presidencia de la nación el año próximo. De esta forma Xi lograría consolidar un poder que ha venido entretejiendo desde que en 2018, la Asamblea Nacional China eliminara la restricción de dos mandatos presidenciales en el gobierno. Así, el actual mandatario, que asumiera la presidencia de la nación en 2013 y fuera reelecto en 2018, podría acceder a un nuevo mandato por 5 años en 2023.

La conformación clave en la construcción de poder político en China está dada por la centralización del máximo dirigente en 3 cargos: Secretario General del PC, Presidente de la Comisión Militar Central y Presidente de la Republica Popular. De esta manera, la ratificación como Secretario general del PC en este XX Congreso habilitará a Xi Jinping a un nuevo mandato en la conducción de la República Popular China.

El congreso de alrededor de 2300 delegados nacionales sesionará durante toda la semana próxima para establecer los nuevos lineamientos en el marco de los desafíos globales que impone el nuevo escenario geopolítico en el que se avecina una creciente tensión con Estados Unidos y sus aliados occidentales, cuya evidencia más inmediata es el conflicto con Taiwán.

El XX congreso fue precedido de reuniones previas en las que se desarrollan nuevas propuestas y lineamientos para la “construcción integral de una sociedad modestamente acomodada”. Entre esas nuevas propuestas ha surgido las de fortalecer el consenso sobre la gran revitalización de la nación china, construir un sistema discursivo internacional sobre los derechos humanos, reforzar la construcción del frente único y el nuevo sistema de partidos y llevar a cabo como el trabajo ideológico y político de los intelectuales no afiliados al PCCh, entre otras cuestiones.

A su vez, el cónclave, evaluará la participación histórica del PCCh y los objetivos de largo plazo  fijados para el segundo centenario en 2049, sobre la fundación de la Nueva China para culminar la construcción integral de un poderoso país socialista moderno.

De esta forma, durante la semana se conocerán los nuevos lineamientos políticos resueltos por el centenario partido comunista para los designios de la nación china en los próximos años.

Continúan las acciones beligerantes en torno a la guerra en Ucrania

Durante la semana continuaron las acciones militares en el marco de la guerra en Ucrania con la entrada de soldados enviados por Moscú a Bielorrusia, instaurando una nueva fuerza militar conjunta. La acción surgió a partir de una acusación del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sobre las sospechas de Polonia, Lituania y Ucrania de preparar ataques “terroristas” y un “levantamiento” en el país. Desde occidente temen que estas medidas sean un precedente para que Bielorrusia se sume al conflicto militar. Desde los inicios de una contraofensiva ucraniana en las zonas controladas por Rusia se ha venido escalando el conflicto con la respuesta del Kremlin de movilizar 220 mil reservistas, y los ataques en respuesta a la destrucción parcial del puente de Kerch en Crimea. Sin embargo el presidente ruso Vladimir Putin señaló que no tiene como objetivo “destruir” a Ucrania, y que no prevé “en lo inmediato” nuevos ataques “masivos” en el país vecino. De todas maneras se vienen intensificando los enfrentamientos en las zonas de Jerson por parte de fuerzas ucranianas mientras Rusia responde con ataques a infraestructura criíica en Kiev y Bajmut.

Por otro lado, la Asamblea General de la ONU aprobó el miércoles y por amplia mayoría, una resolución de condena a “la anexión ilegal” por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania. El repudio fue aprobado con 143 votos a favor, cinco en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria) y 35 abstenciones, entre ellas las de China, Bolivia, Argelia, Pakistán, Honduras y Malí. Dentro de las expresiones de apoyo crítico a la condena se destacó la del representante de la República Democrática del Congo, quien afirmó que su país respalda a Ucrania y que quieren el fin de la guerra, pero que “deplora” el doble estándar de los “poderosos cuando se trata de África”.

En cuanto a la crisis energética, esta semana se sumó el cierre del ramal principal del oleoducto Druzhba, que transporta petróleo de Rusia a Alemania, luego que se detectara un escape en Polonia. Mientras tanto, también se dio a conocer que Turquía prepara un plan junto a Rusia redistribuir el gas ruso hacia terceros países, como forma de responder a la crisis que podría llegar en el invierno frente a la escases de energía y los altos precios.

Mientras tanto Rusia participó de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), conformada por repúblicas de la antigua URSS, que se desarrolló este viernes en Astaná, capital de Kazajistán. El foro reúne a los líderes de Rusia, Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán, pero Ucrania no participa desde el cambio de gobierno en 2014 mientras que la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, justificó su ausencia debido a una “apretada agenda de trabajo”. De esta manera Moscú continúa el redireccionamiento de su estrategia de integración comercial hacia sus aliados en Asia. Putin destacó que Rusia invierte en Asia Central unos 5.000 millones de dólares y calificó como prometedoras las iniciativas como la ampliación de las rutas de transporte de petróleo y el desarrollo conjunto de los recursos energéticos en el mar Caspio y el intercambio comercial y la integración en la zona. Además precisó que propondrá que la CEI se incorpore a otras instancias en la región como Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). La evaluación de estas propuestas se conocerán en la próxima reunión anual el 13 de octubre de 2023 en Biskek, Kirguistán.

Colombia: Petro avanza con su programa de transformaciones

El presidente Gustavo Petro viene avanzando en las principales propuestas de campaña impulsando reformas estructurales con el objetivo de transformar las condiciones de vida de los colombianos. En ese aspecto, una de las principales iniciativas es una ambiciosa reforma tributaria progresiva que busca recaudar 22 billones de pesos —alrededor de 4.760 millones de dólares—, en un país donde la pobreza llegará al 39,2% a finales de año y donde solo el 1% de los colombianos tiene el 23% de la riqueza.

Las reformas tributarias han generado polémica en el país teniendo como antecedente las grandes protestas frente a la suba de impuestos impulsada en 2019 por Iván Duque, pero a diferencia de esa vez en la que el costo estaba imputado hacia los sectores populares, en este caso los recursos recaerán en los sectores más privilegiados del país. En efecto, el impuesto a la renta que propone el gobierno implica que un 66% de la recaudación recaerá en quienes obtengan ingresos mensuales por arriba de los 4.306 dólares (20 millones de pesos).

La propuesta también prevé incentivos para aquellos empresarios que contraten empleados jóvenes, a quienes inviertan en la transición energética e importen maquinarias que utilicen energías limpias y a quienes impulsen inversiones de largo plazo para generar empleos.

Los recursos percibidos por esta reforma tributaria estarán orientados a reducir la desigualdad social y a promover la propuesta de la política de paz total para Colombia. Dicho lineamiento se lleva adelante a partir de la aprobación de la Ley de Órden Público, que permite la negociación de paz con grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, con el que Petro quiere cerrar  el círculo de acuerdos de paz iniciado con las FARC. La ley incorpora la vinculación de acuerdos de paz con planes de desarrollo, la creación de un Gabinete de Paz que dirigirá la inversión de los recursos y permitirá la acción coordinada con los ministerios, y la creación de un Servicio Social de Paz, que complementará el servicio militar obligatorio de forma gradual. De esta manera, el gobierno encara la propuesta de desarmar a las organizaciones delictivas (guerrillas, narcotráfico, etc.) desde un paradigma de justicia social. En ese aspecto, Colombia viene dando un debate en las relaciones internacionales denunciando la ineficacia de la política de “guerra contra las drogas” que impulsaba Estados Unidos en base a la represión y la militarización que tan pocos resultados generó.

Frente a este nuevo paradigma del diálogo y el avance hacia el desarrollo social del país, el Ejército de Liberación Nacional se mostró dispuesto a establecer una negociación con el gobierno para avanzar hacia un proceso de paz.